En búsqueda del voto... el voto préstamo
Disponible de inmediato si así lo deseaLic. Guillermo Moreno*
Lic. Norberto Itzcovich*
Dr. Claudio Comari*
Especial para BAE Negocios
Probablemente estimado lector, usted haya recibido recientemente un llamado telefónico de algún banco asegurándole que tiene pre acordado un crédito, disponible de inmediato si así lo desea.
Nada tiene de casual; es la derivación de una fuerte decisión política del actual oficialismo, tomada a principios de este año, para llegar a las elecciones con un volumen de crédito a las familias que impacte de manera favorable al gobierno en los próximos comicios.
Actualmente existen dos vías mediante las cuales se están ofreciendo créditos a los particulares, tanto orientados a la adquisición de viviendas como a bienes de consumo (durables y no durables). La primera a través el sistema financiero, con especial participación de la banca pública en la que se destacan el Banco de la Nación Argentina (BNA), el de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Ciudad (prácticamente el 70% del total prestado es ofrecido a través de esas tres instituciones). La segunda es la que se canaliza mediante la ANSES que, en todo el país, ya otorgó casi un millón novecientos mil préstamos ARGENTA, destinados a los jubilados y pensionados, a los titulares de la Asignación Universal por Hijo, a las personas que reciben Pensiones No Contributivas y Universal para el Adulto Mayor, y para los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares.
Pan para hoy
Es claro que esta política apunta a fungir como un modo de compensación de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de los hogares, determinada principalmente por el incremento del precio de los alimentos y por los aumentos tarifarios en segunda instancia.
Así, el gobierno se propone aumentar la demanda a través del otorgamiento de créditos, de lo cual derivan dos consecuencias: la primera y más obvia, es el incremento del endeudamiento de los particulares y, en segundo término, el posible impacto en la situación patrimonial de las instituciones intervinientes si los supuestos a partir de los cuales los directorios de esas instituciones orientaron su nuevo plan de negocios no se cumplieran1.
Ciertamente, para la evaluar si las decisiones tomadas son apropiadas, deben analizarse el origen y la aplicación de fondos tanto como sus implicancias en lo relativo a las modalidades de su actualización, además de su consistencia en relación con las condiciones macroeconómicas.
El origen de los fondos, el impacto territorial de los créditos y la indexación del principal
El origen de los fondos para la ejecución de estas operaciones surge, principalmente, del traslado de créditos desde el sector productivo, especialmente agropecuario y manufacturero, hacia el tipo de empréstitos descripto. Ello provoca evidentemente un impacto negativo en esos sectores de actividad, generando a su vez un desacople inter temporal entre consumo e inversión, con las implicancias que conlleva sobre la actividad y el empleo.
Según información publicada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), hasta el 20 de setiembre se verificaba un aumento de los créditos hipotecarios al sector privado de 18 mil millones de pesos en los últimos 21 días hábiles y de 37 mil millones en el año. Es decir que, en consonancia con la decisión política tomada, en las últimas cuatro semanas previas al comienzo de la primavera se otorgaron la mitad de la totalidad de préstamos adjudicados en el año.
En el mismo sentido del impacto buscado, la distribución geográfica tampoco es azarosa, ya que el 70% de los préstamos se otorgan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el resto en las regiones de Gran Córdoba y Gran Rosario principalmente.
El 84% de esos préstamos se realizó con la modalidad UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), la unidad de valor que se ajusta por inflación. En este tipo de créditos, la actualización del principal (el dinero efectivamente prestado en el momento de efectivizada la operación más los gastos y comisiones de otorgamiento) se realiza mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que en definitiva es un cálculo diario de la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor, o bien por la evolución del Índice del Costo de la Construcción.
El deber de razonable prudencia de los hombres de negocios
Las inconsistencias generalizadas del actual diseño de la política económica, ya abundantemente tratadas en otros artículos de esta columna, son a todas luces estructurales. Entre los desequilibrios se destacan:
a) el déficit fiscal total (correspondientes a la Nación, las Provincias y los Municipios) y el cuasi fiscal (del BCRA) que, correctamente medidos, alcanzan una magnitud en el entorno de los 11 puntos del PIB;
b) el déficit comercial, que durante los primeros ocho meses del año alcanzó los U$S4.498 millones y preanuncia un resultado negativo superior a los U$S6.000 millones para el corriente año, según los consensos del mercado;
c) el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que se acerca rápidamente a los U$S 30.000 millones -si se confirma el saldo negativo del sector turismo de U$S15.000 millones, incluyendo gastos con tarjeta de crédito por compras en el exterior de residentes argentinos -.
Esa condición estructural de los desequilibrios queda manifestada de manera patente en el último proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al parlamento, en el que se prevé la continuidad de aquellos déficits hasta el año 2021 por lo menos. La persistencia y la magnitud de las divergencias pueden alterar raudamente los planes de negocios de las empresas en marcha, incluidas (naturalmente) las instituciones bancarias que ofrecen los créditos, e impactar decididamente en sus flujos de caja (esto es: los ingresos y egresos diarios que en armonía con lo planificado permiten sostener la actividad del negocio).
Si estos desequilibrios finalmente se expresaran en lo que técnicamente se denomina "punto de ruptura"2, nos encontraríamos ante una situación en la cual, desde la perspectiva de las familias tomadoras de crédito con indexación del "principal" (que hoy razonablemente entusiasma a los nuevos deudores con la posibilidad de acceder a su casa propia o nuevos bienes), este esquema podría derivar en una situación crítica.
Si ello sucediera, la repercusión sobre las familias deudoras sería sumamente severa por dos motivos:
n la caída del poder adquisitivo de los salarios, ante la dificultad de obtener saldos positivos una vez incurridos los gastos insustituibles en alimentos y servicios al hogar, que mantendrían su valor en términos internacionales;
■ el ritmo de aumento del costo del servicio de deuda, que muy probablemente sería superior al de los ingresos de los tomadores de crédito.
Pero principalmente, la situación también será de alto impacto para el sistema bancario, ya que la propiedad es el bien subyacente del crédito a cobrar. Cabe mencionar que, al 31 de marzo (cuando todavía no se había manifestado de forma cabal la situación descrita de expansión de préstamos a personas y familias), los créditos hipotecarios representaban el 14,2% del patrimonio neto del BNA. Las informaciones parciales disponibles permiten inferir que tal situación se agudizó notablemente al mes de setiembre, cuando ese guarismo estaría superando fácilmente el 25%.
Ante un escenario como el descripto más arriba, existe el riesgo de que su valor no alcance a cubrir los pasivos adeudados (tal como sucedió en los Estados Unidos durante la crisis del año 2008), tornando vulnerable la solidez patrimonial de los bancos. Esto impactará de lleno en el estado de resultados del balance de las instituciones bancarias y luego en su patrimonio neto, que podría volverse negativo. Se produciría de esa forma un fenómeno que en otros países se dio cuando "estalla la burbuja inmobiliaria".
De ocurrir esa situación, finalmente será el Estado nacional quien tendrá que capitalizar a los bancos oficiales y, un gobierno que tiende al bien común naturalmente también deberá ocuparse de las familias y de las empresas.
Las autoridades bancarias que hoy ofrecen con entusiasmo los créditos indexados: ¿están tomando las decisiones correctas, operando con la prudencia y la previsión que todo buen hombre de negocios debe aplicar a sus acciones? El cumplimiento de esa máxima implica la responsabilidad de evaluar todos los escenarios posibles, no pudiendo desconocerse los potenciales riesgos que las decisiones tomadas conlleven.
*MM y Asociados
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